Cámara requerirá a la Junta de Supervisión Fiscal listado de agencias y municipios elegibles para el Programa de Retiro Incentivado

La Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) afirmó este viernes a la Cámara de Representantes que la implementación del Programa de Retiro Incentivado, creado bajo la Ley 80-2020, está sujeta al consentimiento de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para que sea establecido de forma parcial en ocho agencias de gobierno y 40 municipios que cumplen con los requisitos, según el ente fiscal.

Sin embargo, el director Juan Carlos Blanco Urrutia señaló en una vista pública de la Comisión de Asuntos Laborales que desconoce cuáles son las entidades gubernamentales que cualifican para el programa, pues la JSF ha omitido los datos desde que el pasado 22 junio cursó una comunicación en la que explora la posibilidad de enmendar el estatuto y buscar una implementación parcial.

“El intercambio de información con la Junta de Supervisión Fiscal, lamentablemente, no siempre es simétrico. Nosotros le damos mucho detalle y le damos todo, y usualmente cuando recibimos de ellos, lo que recibimos son conclusiones. No necesariamente recibimos todo lo que está detrás, y nos chocamos con esta realidad”, expresó Blanco Urrutia a los legisladores, quienes criticaron que el funcionario no pudiera prestar la información.

“Es una de las múltiples dificultades que tenemos en la relación (con la JSF). Quizás no vamos a tener a la mano o no tenemos disponible el nivel de detalle de todo el análisis que ellos hicieron para llegar a esa conclusión”, agregó.

En su turno como deponente, el director explicó que de octubre de 2020 a marzo de 2021 la OGP recogió en una base de datos todas las solicitudes de empleados públicos interesados en acogerse a los beneficios de la Ley 80. Como resultado de este proceso, un total de 10,553 trabajadores expresaron su interés, de los cuales las agencias identificaron como esenciales a 6,564 y como no esenciales 3,989.

La Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) posteriormente sometió a la JSF un análisis de los datos recopilados por la OGP, en el cual detalla que 11 agencias de gobierno y 16 municipios cualifican para que sus empleados se sujeten al Programa de Retiro Incentivado. No obstante, el ente fiscal concluyó que son ocho agencias y 40 municipios los que pudieran generar ahorros en sus finanzas en cumplimiento con el propósito de la ley.

El licenciado Luis Collazo Rodríguez, director ejecutivo de la Junta de Retiro, detalló que las agencias que inicialmente fueron sometidas a la JSF son: Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE); Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado (Aeela); Departamento de Recreación y Deportes (DRD); Oficina de Ética Gubernamental (OEG); Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias (ADEA); Oficina de Servicios Legislativos (OSL); Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP); Oficina del Comisionado de Seguros (OCS); Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP); Junta de Libertad Bajo Palabra y la Defensoría de Personas con Impedimentos.

Por su parte, los ayuntamientos recomendados a la Junta fueron: Trujillo Alto, Yabucoa, Lajas, Loíza, Cabo Rojo, Moca, Comerío, Utuado, Patillas, Culebra, Aguas Buenas, Aibonito, Jayuya, Maunabo, Gurabo y Corozal. De acuerdo con Collazo Rodríguez, la Junta de Retiro identificó posibles ahorros de $22.3 millones en caso de acogerse los empleados de las 11 agencias, y $2.7 millones en el caso de los municipios.

No obstante, la OGP informó que, en la comunicación del 22 de junio, la JSF determinó que el impacto fiscal anual de implementar la Ley 80 sería de $200 millones en el presupuesto del gobierno.

“El teléfono en mi oficina no se detiene. Los correos electrónicos en mi oficina no se detienen de los empleados que están reclamando que se apruebe esto. El problema es que la Ley 80 ya está aprobada. Estamos esperando que la Junta dé el aval para implementarlo de manera parcial”, denunció el representante Domingo Torres García, presidente de la Comisión de Asuntos Laborales.

El legislador popular aseguró que enviaría una carta a la JSF para requerirle la información detallada de las agencias y municipios que identificó como elegibles. Desde la aprobación de la Ley 80, el ente fiscal ha objetado la implementación del Programa de Retiro Incentivado hasta tanto las entidades aplicables no logren demostrar que generarán los ahorros consistentes con el Plan Fiscal certificado.

“Es importante tener las agencias, tener los municipios, quiénes son las personas (que sugiere la Junta). Hay que ser transparente con nuestros servidores públicos que de cierta manera han dado la vida completa trabajando por nuestro país, y que tal vez en estos momentos quieren tomarse su retiro y están en unas arenas movedizas porque no saben lo que va a pasar”, manifestó Torres García.

Mientras, la OGP destacó que se opone a realizarle enmiendas a la Ley 80, pues la agencia entiende que el “lenguaje específico” que busca la Junta para garantizar una implementación parcial es “innecesario”. Blanco Urrutia argumentó que el Artículo 12 del estatuto le otorga facultad al director de la OGP y al administrador de los Sistemas de Retiro a implementar la ley, por lo que el lenguaje es suficientemente flexible para permitir este tipo de determinación.

“Nuestra posición firme en este momento es que la ley no requiere enmiendas para el propósito que ellos (JSF) están buscando, pero si tuviésemos que entrar en una negociación o algún tipo de acuerdo, ciertamente es algo que se pudiese considerar”, puntualizó el funcionario.

Esta vista pública es el inicio de la la evaluación de la Resolución Conjunta del Senado 171, que ordena a la OGP y a la Administración de los Sistemas de Retiro (ASR) tomar “todas las medidas necesarias y requieran a las agencias, corporaciones públicas y municipios elegibles las acciones correspondientes para implantar el Programa de Retiro Incentivado”.

La Ley 80 fue aprobada el pasado año con el propósito de establecer un programa mediante el cual empleados públicos elegibles puedan, voluntariamente, separarse de forma incentivada de su empleo antes de la edad de retiro.

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