Cámara aprueba medida para establecer límite en el costo de vehículos para alcaldes

La Cámara de Representantes aprobó hoy, martes, un proyecto que busca disponer que el total a ser pagado para la compra de un vehículo de motor para la transportación de un alcalde o alcaldesa no excederá de $50 mil dólares.

El Proyecto de la Cámara 891 (P.C. 891) – de la autoría de los representantes José “Conny” Varela Fernández y José Bernardo Márquez Reyes – enmendaría el Código Municipal de Puerto Rico con el fin de establecer una serie de requisitos para la adquisición de vehículos que serán utilizados por los ejecutivos y ejecutivas municipales. La medida fue avalada durante los trabajos de la sesión legislativa.

“La situación económica del país amerita que, cuando el ayuntamiento vaya a adquirir un vehículo, sea prudente, sea un vehículo de precio razonable, y que se adapte a las circunstancias del municipio”, indicó Varela Fernández en un turno sobre la pieza legislativa.

“El primer ejecutivo de una ciudad tiene que pensar primero en las necesidades del pueblo antes que la adquisición de un vehículo de lujo”, agregó el legislador popular.

Mediante una enmienda presentada en sala, el proyecto también establece que el vehículo oficial en posesión del Municipio podrá ser utilizado como parte del pago del valor de un nuevo vehículo en un intercambio o “trade in” con el concesionario. El precio máximo del nuevo vehículo tampoco excederá de $50 mil.

Otras de las disposiciones de la medida es la prohibición de contratación de todo servicio de alquiler de vehículos para uso cotidiano de un alcalde o alcaldesa. Al determinar la necesidad de adquirir un vehículo, deberá tomarse en cuenta la población del municipio, su condición económica fiscal y las condiciones de los accesos físicos a las diferentes comunidades.

Será necesario para la compra de estos vehículos oficiales el anuncio y celebración de subasta pública. En la alternativa, el Municipio podrá utilizar el Listado de Licitadores de la Administración de Servicios Generales (ASG).

“Este es el tipo de proyecto que no debería existir. No deberíamos tener que estar legislando el sentido común… Lo que estamos hablando es de establecer un espectro de razonabilidad, de sensatez, de perspectiva del Puerto Rico en el que estamos viviendo”, manifestó Márquez Reyes.

“La discreción municipal administrativa va a seguir estando dentro de unos controles. Eso es normal. Es habitual dentro del propio Código Municipal en cuanto a otro tipo de compras y de emisión de fondos públicos. Le estamos añadiendo, en este caso, por los sucesos recientes, el vehículo oficial que utiliza ese alcalde”, sostuvo el representante por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC).

La pieza legislativa fue apoyada por los representantes Denis Márquez Lebrón y Lisie Burgos Muñiz, del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y Proyecto Dignidad (PD), respectivamente. Sin embargo, recibió el voto en contra de la mayoría de la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP).

El portavoz cameral del PNP, Carlos “Johnny” Méndez Núñez, argumentó que el P.C. 891 intervendría en la autonomía municipal y en las decisiones de las Legislaturas Municipales. De igual forma, recomendó reglamentar la cantidad de vehículos que adquieren los Municipios para el uso de los ejecutivos o ejecutivas municipales, en lugar del costo por la compra.

“La decisión que tome un primer ejecutivo municipal es un proceso que en su momento va a ser evaluado por su pueblo. No nos corresponde a nosotros decirles: ‘Vas a hacer A, B, C, D’, sino que se le debe dar la discreción, que era lo que buscaba la autonomía municipal”, señaló Méndez Núñez.

“Yo creo que deberíamos darle más análisis para que lo que le presentemos no atente contra la autonomía municipal, número uno. Segundo, vaya dirigido verdaderamente a economizarle dinero al pueblo de Puerto Rico; y tercero, sin que afectemos los poderes de la Legislatura Municipal”, sostuvo el legislador.

El proyecto, que ahora pasaría a ser evaluado en el Senado, fue aprobado con 34 votos a favor y 11 en contra.

La Cámara igualmente aprobó el Proyecto de la Cámara 17 (P.C. 17), que establece que el estudio sobre el cierre, consolidación o reorganización de una escuela estará disponible con un año de anticipación a la determinación y bajo un proceso de transición adoptado por el secretario o secretaria del Departamento de Educación (DE).

También fue avalado este martes el Proyecto de la Cámara 815 (P.C. 815), para crear la “Ley para Salvaguardar la Asignación de Agua de los Embalses para nuestros Sistemas de Riego Agrícola”, a los fines de proteger las cantidades requeridas de agua de los embalses para usos agrícola; y el Proyecto de la Cámara 855 (P.C. 855), que persigue ampliar las facultades del secretario o secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) para la contratación de servicios con entes privados en aras de optimizar las funciones del Cuerpo de Ordenamiento del Tránsito (COT).

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