El Proyecto sometido por los representantes Héctor Ferrer Santiago y Rafael Hernández Montañez busca aumentar mayor credibilidad en el servicio público (Fotografía/Tammy Olivencia)

Avalan con enmiendas proyecto que busca establecer nueva Ley de Ética Gubernamental

La Comisión de Anticorrupción e Integridad Pública, presidida por el representante Héctor E. Ferrer Santiago, atendió hoy, lunes, el Proyecto de la Cámara 552, que busca establecer una nueva Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico.

El Departamento de Justicia, la Oficina de Administración de los Tribunales y la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), presentaron ponencias y recomendaciones sobre la legislación.

“Esta medida refuerza las herramientas que nuestro ordenamiento jurídico provee para luchar, de forma preventiva y fiscalizadora, en contra de la corrupción en todas sus manifestaciones”, señaló el director ejecutivo de OEG, Luis A. Pérez Vargas.

La medida se sitúa en el contexto de los procesos de transformación estructural y desarrollo económico que articulan el bienestar social y económico de Puerto Rico. Sobre el Código de Ética, la nueva ley, a través del artículo 4.2, actualiza las prohibiciones éticas de carácter general que rigen la conducta de los servidores y exservidores públicos de la Rama Ejecutiva.

“Uno de los cambios más significativos que introduce el Proyecto es una prohibición absoluta de nepotismo. Actualmente, la prohibición solo aplica en caso de reclutamiento de los parientes de las autoridades nominadores y de los parientes de los servidores públicos con capacidad de influir”, añadió Pérez Vargas.

Por otra parte, la legislación mantiene prohibiciones sobre la participación en actividades políticas que promuevan intereses electorales mientras se ejercen funciones oficiales.

La ponencia de la OEG, aunque entiende que se encuentra de manera implícita, asegura que es importante que la prohibición de nepotismo se aplique expresamente a las transacciones realizadas mediante compañías privadas de colocación de empleos.

“De esa forma, no se utilizarían las compañías como subterfugio para evadir la responsabilidad de solicitar y obtener nuestra autorización para todas las transacciones relacionadas con parientes”, señaló la ponencia escrita de la Oficina de Ética.

Por su parte, el representante José Bernardo Márquez Reyes recalcó que la legislación necesita incluir un lenguaje especial para atender y regular el nepotismo cruzado.

Pérez Vargas aseguró que el Proyecto de la Cámara 552 incluye el nepotismo cruzado únicamente a nivel municipal.  “El código municipal trata a la legislatura municipal y a las alcaldías como criaturas separadas y sí estamos viendo ese juego de que los parientes en el municipio los mandan a la legislatura municipal y viceversa. A ese nivel de administración sí podemos trabajar el nepotismo cruzado”, mencionó Pérez Vargas.

Sin embargo, el director de OEG mencionó que a nivel central es un trabajo más complejo por las ramificaciones de reclutamiento que existe en las dependencias.

A su vez, Pérez Vargas recomendó a la Asamblea Legislativa considerar una prohibición aplicable a todos los jefes de agencia para que no participen o fomenten actividades político-partidistas.

“Las funciones que le corresponden a los jefes de agencia son de gran trascendencia y están sujetas a un comportamiento íntegro, constante y consistente. Las personas sobre quienes recaigan estas funciones tienen que servir de modelos y exhibir tales cualidades en todo momento y no solo en la inmediatez de la gestión gubernamental”, recomendó.

El representante Ferrer Santiago apuntó que su interés con la legislación es que “cada rama de gobierno pueda tener un sistema robusto e inteligente en cuanto a la fiscalización de sus informes financieros”.

“Es importante que el país pueda conocer de primera mano cuáles son los activos y pasivos de aquellas personas que ostentan cargos públicos. A fin de cuentas, el dinero que nosotros estamos cobrando todos los años proviene de impuestos que paga la gente”.

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